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¿Qué pasa si un empleado abusa de un menor?

Diego Davalillo De Luis • 17 de noviembre de 2025

El 18 de noviembre, Día Europeo para la Protección de la Infancia frente al Abuso y la Explotación Sexual, invita a todos los centros educativos, academias, clubes deportivos y entidades que trabajan con menores a reflexionar sobre una cuestión tan incómoda como urgente: ¿qué responsabilidad tiene un centro si un empleado, monitor, profesor o voluntario comete un abuso sexual contra un menor? Aunque muchos piensan que la responsabilidad recae únicamente en el agresor, la realidad jurídica es mucho más dura. Si el centro no ha implantado correctamente las medidas que exige la Ley LOPIVI, puede ser considerado responsable por omisión preventiva. Y eso cambia todo.


La LOPIVI no es un documento que se guarda en una carpeta ni un protocolo descargado de internet para “cumplir”. Es un sistema completo que debe estar implantado, acreditado y actualizado. De hecho, la ley obliga a establecer medidas activas y verificables que permitan prevenir, detectar y actuar ante cualquier situación de riesgo.

La Ley Orgánica 8/2021 exige a todos los centros que trabajan con menores la designación de un Responsable de Bienestar y Protección, la implantación de protocolos adaptados, la formación acreditada de todo el personal, la comprobación de antecedentes de empleados y voluntarios, la existencia de un canal seguro de comunicación, el registro formal de todas las actuaciones y la revisión anual del sistema. Si alguna de estas obligaciones no está aplicada o no se puede demostrar documentalmente, el centro no cumple la LOPIVI, incluso aunque tenga documentos.


Cuando ocurre un caso de abuso dentro del centro, se activan dos niveles de responsabilidad: la individual del agresor y la institucional del centro. Este último deberá demostrar que formó adecuadamente a su personal, que supervisó sus actuaciones, que contaba con protocolos actualizados, que existían medidas preventivas activas y que registró de manera correcta cualquier incidencia. Si no puede demostrar todo esto, la Administración puede considerar que existió negligencia institucional.


Las consecuencias pueden ser graves: sanciones económicas importantes, responsabilidad civil por daños a la víctima, pérdida de licencias o autorizaciones, cierre temporal o definitivo, investigaciones administrativas o penales y un daño reputacional que, en algunos casos, resulta irreversible. En este tipo de situaciones, la diferencia entre “tener documentos” y “poder demostrar cumplimiento” es determinante.


Uno de los errores más frecuentes que detectamos en D&C Consulting es que muchos centros creen cumplir únicamente porque tienen un protocolo. Sin embargo, cuando pedimos evidencias, encontramos que la formación no está acreditada, que el Responsable de Bienestar carece de funciones definidas, que no existen registros de actuaciones, que los protocolos no están adaptados a la realidad del centro, que no se realiza revisión anual y que el canal de comunicación no es realmente accesible. Esto, desde el punto de vista jurídico, supone un incumplimiento.


Ante este escenario, la certificación ISP 21008 se ha convertido en la herramienta más sólida para demostrar que un centro cumple con la LOPIVI de manera real y verificable. Esta certificación, desarrollada por D&C Consulting, incluye protocolos adaptados, formación acreditada para todo el personal, revisión anual, cumplimiento de la Ley de Protección de Datos, protocolos de prevención del acoso, canal de denuncias interno, auditoría documental y un certificado oficial como Entorno Seguro. Todo desde 348 €, muy por debajo del coste medio del sector.


La verdadera responsabilidad no se evita con un papel, sino con un sistema completo y demostrable. Los menores necesitan protección real, y los centros necesitan estructuras de prevención que funcionen de verdad, no documentos que decoran una carpeta. En D&C Consulting ofrecemos evaluación gratuita, diagnóstico, implantación y certificación ISP 21008 para que cualquier centro pueda demostrar que protege, actúa y cumple.


Si quieres saber qué responsabilidad tendría tu centro ante un caso grave, y cómo evitarla implantando un sistema completo y real, puedes escribirnos a:
ddavalillo@dcconsulting.es