El sector inmobiliario en la cuerda floja: el SEPBLAC los mira con lupa

El sector inmobiliario tiene que “ponerse las pilas” en sus deberes respecto a la prevención del blanqueo de capitales. La falta de implantación de los canales de denuncia interna que recoge la normativa española puede acarrear sanciones de 60,000 euros. Además, el SEPBLAC señala a estas compañías por el deficiente análisis para identificar el origen ilícito de los recursos utilizados en las compras.

Señalan, en resumen, desde el SEPBLAC la falta de conocimiento del cliente y de un inadecuado análisis apara acreditar el origen ilícito de los fondos utilizados en las operaciones. El mayor problema se centra en las pequeñas empresas que no están cumpliendo con la Ley de Prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, concretamente con el artículo 26 bis del Real Decreto que entró en vigor el pasado mes de septiembre.

El sector inmobiliario es un sector que siempre está en el punto de mira de las autoridades antiblanqueo, ya que gran parte del dinero de procedencia ilícita se invierte en propiedades. Los cálculos de la ONU indican que el lavado de dinero afecta cada año entre el 2% y 5% del PIB mundial.

Los sujetos obligados deben tener un amplio conocimiento de la actividad de sus clientes, de su perfil empresarial y del riesgo. A tales efectos, los sujetos obligados deben exigir justificación del origen de los fondos empleados en las operaciones para cerciorarse de que no provienen de una actividad u operación ilícita.

La falta de canales internos de denuncias acarrea hasta 60,000 euros de sanción, pero el problema viene cuando el delito acarrea sanciones penales. No es necesario establecer una metodología digna de los servicios de inteligencia, basta con un e-mail.