¿A qué empresas obliga exactamente la Ley 10/2025?
La ley obliga a dos grupos de empresas: las que prestan servicios básicos, cualquiera que sea su tamaño, y las grandes empresas que venden principalmente a consumidores.
Lo que exige puede resumirse así: que el cliente pueda hablar con una persona, en plazos medidos y con una auditoría externa que lo acredite. Si tu empresa no pertenece a ninguno de los dos grupos, no necesita contratar ninguna adaptación.
La Ley 10/2025, de 26 de diciembre, se publicó en el BOE del 27 de diciembre de 2025 y está en vigor desde el día 28. Su art. 2 delimita ambos grupos de la siguiente manera.
Servicios básicos de interés general, con independencia del tamaño
- Suministro y distribución de agua, gas y electricidad.
- Transporte de viajeros aéreo, ferroviario, marítimo y en autobús o autocar.
- Servicios postales.
- Comunicaciones electrónicas, que se rigen en primer lugar por su normativa sectorial.
- Servicios financieros, que también se rigen en primer lugar por su normativa propia.
Las entidades sin ánimo de lucro de estos sectores con menos de 250 trabajadores no estarán obligadas hasta que se apruebe el correspondiente desarrollo reglamentario. Las cooperativas no tienen esa excepción.
El resto de empresas, solo si son de gran tamaño
Las empresas y grupos que comercializan bienes o servicios principalmente a consumidores quedan obligados si en el ejercicio anterior, individualmente o junto con su grupo, cumplieron cualquiera de estos tres requisitos:
- Al menos 250 personas trabajadoras.
- Volumen de negocio anual superior a 50 millones de euros.
- Balance anual superior a 43 millones de euros.
Error frecuente: algunas webs indican «250 trabajadores y 50 millones», pero el BOE dice «o». Por tanto, una cadena de tiendas con 260 empleados y 30 millones de facturación está obligada, y también lo está una empresa de 120 trabajadores que factura 60 millones a consumidores.
Conviene tener presente un aspecto que a menudo se pasa por alto: si subcontratas la atención a la clientela, la obligación sigue siendo de tu empresa.
Si mi empresa es una pyme, ¿tengo que adaptarme a la Ley 10/2025?
En la gran mayoría de los casos, no. Si no prestas servicios básicos ni alcanzas ninguno de los tres umbrales, la Ley 10/2025 no te obliga a adaptar tu servicio de atención, aunque sí debes responder las reclamaciones en 15 días como cualquier empresa que vende a consumidores. Es la situación de la inmensa mayoría de bares, comercios, talleres, bodegas y despachos.
En ese caso no necesitas contratar ninguna adaptación, ni con nosotros ni con otra consultora. Si recibes una oferta urgente para adaptarte, es razonable pedir que te indiquen qué artículo de la ley te resulta de aplicación.
Lo que sí debes cumplir, aunque seas una pyme, está en la Ley General para la Defensa de los Consumidores (art. 21 TRLGDCU), que la propia Ley 10/2025 modificó desde el 28/12/2025 (disposición final 3.ª):
- Informar de cómo pueden presentarse reclamaciones: al menos por correo postal, teléfono y un medio electrónico, además del canal por el que se contrató.
- Facilitar al cliente una clave identificativa y un justificante de su queja o reclamación.
- Responder a las reclamaciones en un plazo máximo de 15 días.
- Garantizar que el teléfono de atención no tenga un coste superior al de una llamada ordinaria.
- Ofrecer atención personal: no se puede dejar al cliente únicamente con un contestador.
Si estás cerca de los umbrales o formas parte de un grupo, debes sumar las cifras del grupo completo; es el error más habitual al valorar si la ley te afecta. Lo explicamos con ejemplos en a qué empresas obliga la Ley 10/2025.
¿Qué exige la ley a las empresas obligadas?
Que el cliente pueda hablar con una persona, con rapidez, y que la empresa pueda acreditarlo con datos. Basta recordar la última llamada a una compañía de suministro: el menú de opciones, la música en espera, el mensaje de que su llamada es muy importante y, en ocasiones, el corte tras veinte minutos.
La ley prohíbe o somete a medición casi todas esas prácticas. Un bot que nunca deriva a una persona deja al cliente sin salida, y la ley no lo permite. Si ese bot funciona con inteligencia artificial, el Reglamento europeo de inteligencia artificial añade sus propias reglas. Al sector financiero, que cuenta con normativa propia, no se le aplican los artículos 18, 19, 21, 22 y 23 ni el apartado 8 del artículo 13.
| Requisito | Qué significa en la práctica | Artículo |
|---|
| Atención por una persona | No se permite utilizar únicamente un contestador o un bot. El cliente puede solicitar un operador desde el menú principal en cualquier momento. | Art. 8.1 y 8.2 |
| 3 minutos | El 95 % de las solicitudes de atención personal deben atenderse, de media, en menos de 3 minutos. El mismo criterio se aplica a las llamadas. | Art. 8.2 y 10.3 |
| Supervisor | Si el cliente no queda satisfecho, puede pedir que le atienda un supervisor o el departamento de calidad. | Art. 8.3 |
| Prohibición de cortar la llamada | No se puede cortar una llamada por un tiempo de espera elevado. | Art. 8.4 |
| Lenguas cooficiales | Si prestas servicio en una comunidad con otra lengua oficial, debes atender en ella cuando el cliente lo solicite. | Art. 8.6 |
| Teléfono sin sobrecoste | La llamada no puede tener un coste superior al de una llamada ordinaria a un fijo o móvil. | Art. 10.1 |
| Clave y justificante | Cada queja recibe una clave de seguimiento y el cliente obtiene un justificante en soporte duradero. | Art. 11 y 12 |
| 15 días hábiles | Plazo máximo para resolver consultas, quejas, reclamaciones e incidencias, salvo que la normativa sectorial establezca otro distinto. | Art. 17.1 |
| 2 horas | Plazo de respuesta a incidencias por cortes o suspensión del suministro en servicios básicos de carácter continuado. | Art. 17.2 |
| 5 días | Plazo de respuesta a reclamaciones por facturación o cobros indebidos. | Art. 17.3 |
| 24 horas, todo el año | Atención continua ante incidencias de suministro en servicios básicos de carácter continuado. Por ahora no se exige a las comercializadoras de luz, gas y telefonía con menos del 5 % de cuota del mercado nacional que no superen los umbrales de gran empresa. | Art. 14.2 y disp. trans. única.4 |
| Satisfacción del cliente | Sistema documentado para medirla. Las encuestas nunca pueden realizarse antes de resolver la queja. | Art. 18 |
| Evaluación anual | Sistema documentado de evaluación de la calidad, que se conserva 5 años y se publica en la web. | Art. 21 |
| Auditoría externa | Auditoría anual realizada por una entidad acreditada por ENAC, con un error de medición que no puede superar el 5 %. | Art. 22 |
Las empresas con menos de 250 trabajadores que no superen 50 millones de facturación o 43 de balance pueden realizar la evaluación y la auditoría cada dos años, siempre que lo justifiquen por su volumen de reclamaciones.
¿Qué pasa si no me adapto antes del 28 de diciembre de 2026?
La empresa se expone a una sanción en materia de consumo y, además, a que el informe publicado refleje sus carencias. El incumplimiento se sanciona como infracción de consumo (art. 23 de la Ley 10/2025), conforme al régimen sancionador del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores (arts. 46 a 52; cuantías en el art. 49):
| Infracción | Multa |
|---|
| Leve | De 150 a 10.000 €, o de 2 a 4 veces el beneficio ilícito |
| Grave | De 10.001 a 100.000 €, o de 4 a 6 veces el beneficio ilícito |
| Muy grave | De 100.001 a 1.000.000 €, o de 6 a 8 veces el beneficio ilícito |
Las imponen las autoridades de consumo autonómicas o, si la infracción afecta a varias comunidades, la Administración General del Estado. En el sector financiero, la supervisión corresponde a sus supervisores sectoriales. Puedes comparar estas sanciones con las de otras normas en las cifras del cumplimiento normativo en 2026.
La sanción la conoce la Administración que la impone; el informe de evaluación y su auditoría, publicados en tu web, pueden consultarlos todos tus clientes.
¿Cómo llega a la auditoría de la Ley 10/2025 una empresa que creía no estar obligada?
Por lo general, a través de tres errores que parecen menores. Un caso habitual (ejemplo ilustrativo): una cadena de tiendas de muebles que vende a particulares en tres comunidades autónomas y que crece a buen ritmo, con una tienda nueva cada año.
Primer error. El gerente revisa la plantilla de su sociedad, 190 personas, y concluye que no está obligado. No suma la sociedad de logística ni la de las tiendas nuevas, que pertenecen al mismo grupo y que, en conjunto, superan las 250.
Segundo error. La atención la presta un centro de llamadas externo, y la empresa da por hecho que cualquier incumplimiento será responsabilidad del proveedor. Sin embargo, el contrato no fija tiempos de espera ni le da acceso a los datos, y la ley establece que la obligación sigue siendo suya (art. 2.3).
Tercer error. Para reducir costes, instala un chatbot como única vía de contacto. Resuelve las consultas sencillas, como horarios o estado del pedido, pero en el resto de casos el cliente no consigue hablar con nadie y termina presentando una reclamación.
Llega la primera evaluación y el auditor solicita la prueba de que el 95 % de las peticiones de atención personal se atienden, de media, en menos de 3 minutos. No existen datos. El informe de evaluación y su auditoría se publican en la web de la empresa, a la vista de cualquier cliente que esté comparando antes de comprar.
Ninguno de estos errores es infrecuente con una ley tan reciente, y los tres pueden detectarse a tiempo si se revisan el grupo, el contrato y el bot antes de diciembre, contrastando la ley con las cifras reales de la empresa.
¿Por qué confiar en nosotros la adaptación?
Porque lo primero que hacemos es analizar si la ley te obliga o no. Si no te resulta de aplicación, te lo indicamos por escrito y no te proponemos ningún servicio.
Si te obliga, implantamos lo que la ley exige a tu empresa, adaptado a su realidad y correctamente documentado, para que llegues preparado a la auditoría y sin servicios innecesarios.
Dado lo próximo del plazo, empezamos por los aspectos que más afectan a la experiencia del cliente: la posibilidad de hablar con una persona, los tiempos de espera y las respuestas pendientes.
Toda la documentación queda en tu área de cliente, con las tareas, los registros y las evidencias que solicitará el auditor. Te atienden directamente Diego Davalillo, con 30 años dedicado al asesoramiento empresarial, y Susana Cámara, directora del departamento de cumplimiento normativo. Si surge una duda durante la auditoría, te responde quien ya conoce tu caso. Trabajamos en remoto con empresas de toda España.
¿Cómo lo hacemos y cuánto se tarda?
- 1
Diagnóstico de aplicación
48 h laborablesA partir de tu actividad, plantilla, facturación y balance del último ejercicio, te indicamos por escrito si estás obligado.
- 2
Presupuesto
24 h laborablesSi la ley te afecta, te enviamos un precio y un calendario cerrados hasta el 28 de diciembre.
- 3
Análisis de brechas
1 a 2 semanasRevisamos los canales, los tiempos de atención, el contrato con tu centro de llamadas y los registros existentes.
- 4
Procedimientos y registros
2 a 4 semanasRedactamos el procedimiento, los protocolos de plazos, los modelos de justificante y el sistema de evaluación.
- 5
Implantación y formación
2 a 4 semanasImplantamos los cambios y formamos a tu equipo.
- 6
Preparación de la auditoría
Antes de la primera evaluaciónRevisamos las evidencias y te acompañamos durante la visita de la entidad auditora acreditada.
Preguntas frecuentes
¿Es caro adaptarse a la Ley 10/2025?
Si tu empresa no está obligada, no necesita este servicio y te lo indicaremos. Si lo está, conviene valorarlo frente a lo que está en juego: sanciones de consumo de 150 € a 1.000.000 € según su gravedad y un informe de calidad publicado en tu web. La auditoría de la entidad acreditada es obligatoria en cualquier caso, y llegar preparado evita descubrir las carencias en ese momento.
¿Cuándo termina el plazo para adaptarse a la Ley 10/2025?
El 28 de diciembre de 2026. La ley entró en vigor el 28 de diciembre de 2025 y su disposición transitoria única concede doce meses a las empresas obligadas para adaptar su servicio de atención. Las entidades sin ánimo de lucro de servicios básicos con menos de 250 trabajadores no estarán obligadas hasta que se apruebe el reglamento que adapte la ley a su situación.
Tengo 80 trabajadores. ¿Me afecta la Ley 10/2025?
Por plantilla, no, ya que el umbral se sitúa en 250. Sí te afecta si prestas un servicio básico, como transporte de viajeros o distribución de agua, cualquiera que sea tu tamaño. En otro caso, solo si vendes principalmente a consumidores y superas 50 millones de facturación o 43 de balance. Si formas parte de un grupo, deben considerarse las cifras del grupo. Si no alcanzas ninguno de esos umbrales, la ley no te afecta.
¿Puedo seguir usando un chatbot o un contestador?
Sí, aunque no como única vía. El art. 8 prohíbe utilizar contestadores o bots como medio exclusivo de atención. El cliente debe poder solicitar una persona desde el menú principal en cualquier momento de la conversación, y esa persona debe identificarse al inicio. El chatbot puede resolver las consultas sencillas, pero no puede dejar al cliente sin alternativa.
¿Cómo se cuentan los 3 minutos?
Como media. El 95 % de las solicitudes de atención personal deben atenderse, de media, en menos de tres minutos desde que el cliente la solicita. En el canal telefónico, una llamada no se considera atendida si el cliente no ha podido exponer el motivo ni pedir un operador. Para acreditarlo es necesario medirlo, y esa medición es la que revisa la auditoría anual.
¿Quién hace la auditoría que exige la ley?
Una entidad auditora acreditada por la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC), según el art. 22. Comprueba que tu sistema de evaluación existe, está documentado y mide con un error no superior al 5 %. Lo adecuado es que quien prepara a la empresa no sea quien la audita: nosotros te preparamos y te acompañamos durante la auditoría.
¿Tengo que atender en euskera, catalán o gallego?
Sí, si prestas servicios en una comunidad con lengua cooficial y el cliente lo solicita (art. 8.6). La respuesta a la reclamación se emite en la misma lengua en que se presentó.
¿Qué plazo tengo para contestar una reclamación?
Quince días hábiles como máximo desde su presentación, salvo que la normativa de tu sector establezca otro plazo (art. 17). Existen dos plazos más breves: cinco días para reclamaciones por facturación o cobros indebidos y dos horas para incidencias por cortes de suministro en servicios básicos continuados. Una reclamación no puede cerrarse por el mero transcurso del plazo.
Si tengo externalizada la atención al cliente, ¿la responsabilidad es mía?
Sí. La ley se aplica aunque el servicio lo preste un tercero (art. 2.3). Si tu centro de llamadas no cumple los tiempos o no emite justificantes, la responsabilidad recae en tu empresa. Por ello conviene revisar el contrato con el proveedor: indicadores, informes mensuales, penalizaciones y acceso a los datos que solicitará la auditoría.