Porque veíamos empresas solventes desbordadas por la carga administrativa del cumplimiento, sin un asesor que defendiera sus intereses.
Diego llevaba años asesorando a empresas: reuniéndose con sus responsables, entendiendo cómo funciona cada negocio por dentro y ayudándoles a tomar decisiones. Susana llevaba años trabajando en el ámbito jurídico de la empresa.
Desde ámbitos distintos, ambos observábamos lo mismo: empresas con capacidad para crecer que dedicaban buena parte de su tiempo a otras tareas.
Una nueva ley de protección de datos, el registro de jornada, el plan de igualdad o el canal de denuncias. Cada norma traía un formulario, un plazo y una factura, y con frecuencia también un proveedor distinto.
Los empresarios estaban cansados de asumir costes de cumplimiento sin saber si lo que pagaban era realmente necesario para su empresa.
Nadie les ofrecía la respuesta que necesitaban: qué obligaciones les afectaban, cuáles no y cuánto costaba cumplirlas.
Así nació D&C, en marzo de 2017 en Logroño: para identificar qué exige la normativa a cada empresa, según su tamaño y su actividad, e implantarlo sin restar tiempo a la gestión del negocio.